El decano del Colegio de la Abogacía de Cantabria, Carlos Pérez Sánchez, ha participado en las XVI Jornadas de Comisiones de Relaciones con la Administración de Justicia, celebradas en Ávila los días 7 y 8 de mayo, dentro del encuentro “Dando voz a la Abogacía: diálogo para la eficiencia”, con la presentación del taller “Buenas prácticas: protocolo de quejas, canales de comunicación y denuncias”.
Durante el taller, el decano explicó el funcionamiento del canal específico habilitado por el Colegio cántabro para que los colegiados puedan comunicar problemas relacionados con el ejercicio profesional, tales como retrasos judiciales, incidencias tecnológicas, dificultades de acceso a expedientes, deficiencias en sedes judiciales o situaciones que afecten al derecho de defensa.
Asimismo, se expuso la figura del “Diputado de Guardia”, creada por la Junta de Gobierno para atender de forma urgente incidencias graves o inesperadas que afecten al normal desarrollo de la actividad profesional de los abogados y abogadas colegiados en Cantabria.
El sistema implantado por el ICA Cantabria permite una recepción inmediata de las comunicaciones, garantiza la confidencialidad y facilita una respuesta rápida y un seguimiento directo por parte de la Junta de Gobierno. Según se puso de manifiesto durante la exposición, la acogida entre los colegiados cántabros ha sido “muy positiva”, al sentirse escuchados y respaldados institucionalmente.
La experiencia presentada por el Colegio de la Abogacía de Cantabria fue valorada muy positivamente por numerosos representantes colegiales presentes en las jornadas, varios de los cuales mostraron su interés en implantar modelos similares en sus respectivos territorios y comunidades autónomas.
Durante su intervención, Carlos Pérez Sánchez defendió que los Colegios de la Abogacía “no pueden limitarse únicamente a prestar servicios administrativos”, sino que deben convertirse en herramientas activas de defensa profesional, escucha y participación colegial.
El taller puso además el foco en la necesidad de reforzar la protección del ejercicio profesional y la interlocución institucional con la Administración de Justicia, especialmente en un contexto marcado por cambios organizativos, incidencias tecnológicas y dificultades estructurales en los juzgados.
