El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Cantabria, Carlos Pérez Sánchez, participó ayer en la reunión de seguimiento del Pacto para la Justicia de Cantabria, convocada por la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, con los firmantes del acuerdo suscrito el 12 de julio de 2024.
Durante el encuentro, la Consejería presentó el balance de ejecución de las medidas incluidas en el pacto y avanzó el proyecto de Plan de Inversiones en Infraestructuras Judiciales 2027-2031, que prevé actuaciones en los distintos partidos judiciales de la comunidad autónoma y una inversión global superior a los cinco millones de euros.
Desde el Colegio de la Abogacía de Cantabria se valoró positivamente el grado de avance de algunos de los compromisos asumidos, especialmente aquellos relacionados con la modernización de la Administración de Justicia, la implantación de la Oficina Judicial, el despliegue del expediente judicial electrónico y la mejora progresiva de las infraestructuras judiciales.
En este sentido, el Colegio agradeció que se hayan atendido sus demandas para contar con un espacio propio en las dependencias del Juzgado de Guardia de Santander, una medida que permitirá a los letrados y letradas desempeñar su labor en mejores condiciones y ofrecer una atención de mayor calidad a los justiciables.
Asimismo, el decano valoró positivamente que en breve se vaya a poder disponer de dos plazas de aparcamiento reservado en Las Salesas para los letrados del servicio de guardia, una mejora práctica que el Colegio espera que pueda hacerse extensiva también a las sedes de otros Tribunales de Instancia.
En el ámbito específico de la asistencia jurídica gratuita, la consejera trasladó que el Gobierno de Cantabria se encuentra en fase de negociación para publicar próximamente un nuevo Decreto de Justicia Gratuita, que recoja una actualización de los baremos económicos, la incorporación de nuevas actuaciones profesionales y el impulso de los medios adecuados de solución de controversias.
Para el Colegio, este anuncio supuso un paso relevante en una reivindicación sostenida por la Abogacía cántabra, que viene reclamando una regulación actualizada y acorde con la realidad del servicio que prestan los letrados y letradas del Turno de Oficio. La asistencia jurídica gratuita constituye una pieza esencial para garantizar el derecho de defensa y el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad, por lo que su adecuada dotación económica y normativa resulta imprescindible.
Durante la reunión, el decano Carlos Pérez Sánchez también solicitó que se realizaran las gestiones necesarias ante la Administración central para reforzar los medios destinados al servicio de custodia y conducción de detenidos al Juzgado de Guardia en el partido judicial de Santander.
El Colegio trasladó su preocupación por las incidencias que se producen con frecuencia en este ámbito y que afectan al normal desarrollo del servicio de guardia, con repercusión tanto en el funcionamiento de los órganos judiciales como en la labor profesional de los letrados que prestan asistencia a personas detenidas o investigadas.
Carlos Pérez Sánchez subrayó la necesidad de que las mejoras organizativas y materiales lleguen también a aquellos aspectos cotidianos que condicionan de forma directa la prestación del servicio público de Justicia. En este sentido, defendió que la modernización de la Justicia debe ir acompañada de medios suficientes, coordinación institucional y soluciones prácticas para los problemas que se detectan en el día a día.
El Colegio de la Abogacía de Cantabria reiteró su voluntad de seguir participando activamente en el desarrollo del Pacto para la Justicia, aportando la visión de la profesión y defendiendo aquellas medidas que contribuyan a mejorar el funcionamiento del sistema, reforzar las garantías de la ciudadanía y dignificar el ejercicio profesional de la Abogacía.
