El Colegio de la Abogacía de Cantabria celebra la resolución de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior que somete a audiencia e información pública el proyecto de Orden por la que se modifican las bases de compensación previstas en el Anexo V y de gastos de funcionamiento e infraestructura previstos en el Artículo 40 del Decreto 86/2008 de 11 de Septiembre, de Asistencia Jurídica gratuita.
De Diego se ha mostrado satisfecho de que se haya tenido en cuenta el informe enviado a la Dirección General de Justicia “que justificaba que el porcentaje de actualización correspondiente para el periodo 2019-2022 sería del 7,8% y de que finalmente haya sido recogido así”.
“Esta propuesta – explica el Decano del Colegio de la Abogacía, Andrés de Diego Martínez- surge de una iniciativa del Colegio de la Abogacía de Cantabria y tiene como objetivo la actualización de dichos baremos con efectos al 1 de enero de 2022, como consecuencia del retraso en la publicación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, que se encuentra en trámite y a la espera de emisión de informes preceptivos”.
La escasa cuantía de los módulos vigentes “que nos sitúan a la cola en relación a otras CC.AA., y la falta de actualización de los importes desde 2018 propició esta iniciativa que ha tenido buena acogida en la Consejería competente, iniciando la tramitación para la celebración de la orden”.
No obstante, desde el Colegio de la Abogacía mantendrán sus reivindicaciones en relación al texto del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita que está pendiente de publicación, “porque dicho proyecto no satisface a la Abogacía, tanto en lo que afecta al texto normativo como a los módulos que, nuevamente, quedan por debajo de otras CCAA y, entre ellas, de las limítrofes”.
Es previsible que en los próximos días, y antes de la finalización del año, se publique la orden que actualice la totalidad de los módulos por la intervención de los profesionales de la Abogacía en los distintos procedimientos judiciales de los turnos civil, penal, contencioso administrativo y social, así como por las asistencias al detenido, víctimas de violencia, menores o extranjeros, en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita.
