En los últimos días, distintas instancias judiciales y medios de comunicación han vuelto a poner el foco sobre una realidad que desde la abogacía conocemos bien: el Turno de Oficio atraviesa una situación de tensión estructural que amenaza su sostenibilidad. La reciente preocupación expresada por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ante la renuncia “masiva” de abogados y abogadas del Turno de Oficio no es un hecho puntual. Es el reflejo de un modelo que lleva demasiado tiempo apoyándose casi exclusivamente en la vocación y el compromiso personal de quienes lo integran.
Conviene recordar que el Turno de Oficio no es un servicio accesorio ni una prestación menor del sistema judicial. Es una garantía esencial del Estado de derecho. Sin él, el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad sería, sencillamente, imposible. Y, sin embargo, quienes lo sostienen lo hacen en un contexto de precariedad que resulta incompatible con la responsabilidad que asumen.
En Cantabria, la abogacía del Turno de Oficio ha demostrado sobradamente su compromiso. En 2024 fueron 502 los profesionales adscritos al Turno de Oficio y 391 a la Asistencia Letrada al Detenido. Cerca de 900 abogados y abogadas que garantizan atención jurídica los 365 días del año, a cualquier hora y en cualquier circunstancia. Una labor exigente, técnicamente compleja y, con demasiada frecuencia, invisible para la sociedad.
Esa invisibilidad se hace especialmente evidente en ámbitos tan sensibles como la violencia de género. Cuando se habla —con razón— de la protección de las víctimas, rara vez se menciona a la abogada o abogado de oficio que las asiste desde el primer momento, en muchas ocasiones desde su llegada a los juzgados, en situaciones de extrema vulnerabilidad emocional y personal. Son estos profesionales quienes ofrecen la primera orientación jurídica, acompañan, explican y defienden derechos fundamentales en uno de los momentos más difíciles de la vida de una persona. Y, sin embargo, su papel sigue siendo sistemáticamente omitido en el debate público.
Los datos avalan la calidad del servicio que se presta. En 2024 se tramitaron en Cantabria 14.853 asuntos, con un índice de satisfacción ciudadana del 74 %. Resultados que hablan de profesionalidad, rigor y compromiso. Todo ello, además, con una inversión claramente insuficiente: 4,76 euros por habitante destinados a Justicia Gratuita, muy por debajo de la media nacional. Una cifra que evidencia la contradicción entre el nivel de exigencia del servicio y los recursos que se le asignan.
No es razonable que los abogados y abogadas del Turno de Oficio asuman macrocausas de elevada complejidad, con procedimientos que se prolongan durante meses o incluso años, sin una retribución adecuada ni baremos actualizados. No es sostenible seguir apelando únicamente a la vocación cuando lo que está en juego es la continuidad de un servicio público esencial.
Desde el Colegio de la Abogacía de Cantabria reclamamos, con responsabilidad institucional, una actualización urgente de la ley de Asistencia Jurídica Gratuita, de los baremos y de las condiciones económicas del Turno de Oficio. No se trata de una reivindicación corporativa, sino de una exigencia democrática. Porque sin condiciones dignas no puede garantizarse un derecho tan básico como el derecho de defensa.
La excelencia profesional necesita respaldo institucional y reconocimiento. El Turno de Oficio no puede seguir siendo la última línea de resistencia que lo sostiene todo cuando el sistema falla. Es una columna vertebral de la Justicia y debe ser tratado como tal. Ignorarlo tendría un coste demasiado alto para toda la sociedad.
