El decano de la abogacía cántabra, Carlos Pérez Sánchez, ha mantenido un encuentro institucional con la consejera de Justicia del Gobierno autonómico, Isabel Urrutia, y con el director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo, Juan Sáez Bereciartu, con el objetivo de analizar la puesta en marcha de los tribunales de instancia y continuar avanzando en la mejora de la asistencia jurídica gratuita en Cantabria, en el contexto de la aplicación de la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Durante la reunión, el decano expuso las principales cuestiones organizativas derivadas de la entrada en funcionamiento de la nueva oficina judicial, así como las necesidades detectadas por la Abogacía en esta fase de implantación del nuevo modelo. Ambas instituciones constataron la colaboración existente para afrontar las dificultades y tensiones surgidas en el proceso, especialmente a través del refuerzo de medios materiales, tal y como ha señalado el Gobierno.
En el transcurso del encuentro también se abordó el impulso de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) conforme a la nueva normativa. El decano subrayó la importancia de que se apruebe de manera definitiva el módulo retributivo correspondiente a estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos, señalando que existe el compromiso de que dicha aprobación se materialice en un corto plazo. Asimismo, trasladó la necesidad de prever determinadas partidas asociadas a su aplicación, entre ellas los desplazamientos de los letrados para la asistencia a audiencias preliminares o a actuaciones requeridas por las oficinas de justicia municipales.
En materia de asistencia jurídica gratuita, se analizó la evolución global del servicio y las consecuencias de la nueva ley. La consejera reiteró la voluntad del Ejecutivo de seguir colaborando con el Colegio para mejorar el funcionamiento del turno de oficio y la calidad del servicio, si bien indicó que la actual situación presupuestaria condiciona algunas actuaciones inmediatas, manteniendo el compromiso de abordar en el futuro mejoras retributivas y organizativas que refuercen este servicio esencial.
El nuevo decreto que impulsa el Gobierno en este ámbito incorporará los incrementos retributivos ya aprobados y aplicados desde 2024 para el turno de oficio, que han supuesto una inversión autonómica adicional cercana a los 500.000 euros, así como otras modificaciones normativas destinadas a facilitar la labor de los profesionales que prestan este servicio en Cantabria, cuyo trabajo fue expresamente reconocido.
Ambas partes coincidieron en la conveniencia de mantener un diálogo permanente que permita garantizar una implantación eficaz de los tribunales de instancia y seguir avanzando hacia una Justicia más ágil, eficiente y cercana a la ciudadanía.