Diez días después de la constitución del Grupo de Trabajo participativo de Asistencia Jurídica Gratuita del Gobierno y de los colegios profesionales de abogados y procuradores de Cantabria para revisar el decreto actual de Asistencia Jurídica en Cantabria, el Colegio de la Abogacía está emplazado a una nueva reunión en Peñaherbosa este lunes 27 de noviembre para avanzar en el Pacto para la Justicia en Cantabria.
La creación de este Grupo se acordó en la entrevista mantenida entre la Consejera y el Director General de Justicia con el Decano del Colegio de la Abogacía el pasado 21 de agosto, en la que los representantes del Gobierno se comprometieron a abordar una revisión del Decreto que regula la asistencia jurídica gratuita en Cantabria, a fin de mejorar y simplificar los trámites administrativos tanto de los profesionales como del propio Colegio y abordar un incremento de los módulos de indemnización contenidos en el baremo.
En la reunión del próximo lunes está previsto que la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa informe sobre el contenido y líneas maestras del Pacto para la Justicia en Cantabria, así como de las propuestas de actuación y coordinación entre los diferentes colectivos, instituciones y sectores profesionales convocados.
Esta reunión tiene como objetivo consensuar medidas para afrontar la situación de la justicia en Cantabria, tras los sucesivos conflictos y escuchar las propuestas de cada uno de los operadores interesados.
Entre ellas, el Colegio viene reivindicando la dignificación de la prestación de este servicio desde hace años para mejorar las condiciones y el incremento de las indemnizaciones.
En Cantabria, 533 profesionales de la abogacía estuvieron adscritos al Turno de Oficio en 2022. El dato supone el 44,90% de los abogados ejercientes en la Comunidad.
Los 533 profesionales que prestan este servicio en Cantabria garantizan el derecho constitucional a la asistencia letrada al detenido, a las víctimas de violencia, menores y extranjeros, así como la tutela judicial efectiva a través de la defensa en los Procedimientos que se siguen ante los Juzgados y Tribunales frente a los ciudadanos que carecen de recursos económicos según establece el artículo 119 de la Constitución Española.
