Los tiempos de respuesta de la justicia cántabra son «inaceptables» con fechas de señalamientos de juicio superiores al año en un servicio público al que acude la ciudadanía a resolver sus problemas y situaciones importantes que afectan a sus vidas ha asegurado ayer el Decano del ICA, Andrés de Diego, por lo que es urgente un Pacto por la Justicia en Cantabria.
De Diego realizó estas declaraciones a la salida de la primera reunión de la mesa de trabajo convocada por el Gobierno de Cantabria y en la que la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia aseguró que en el primer semestre del próximo año Cantabria contará con un Pacto para la Justicia.
En el encuentro participaron también el Presidente del TSJ, José Luis López del Moral; la secretaria de Gobierno del TSJC, María Socorro García Melón; la fiscal Superior, Pilar Jiménez y la Decana del Colegio de Procuradores, Rosaura Díez Garrido.
Rosaura Díez, señaló que el pacto es «más necesario que nunca» y «viene en el mejor momento», y ha declarado que el acuerdo servirá también para mejorar las relaciones internas entre los profesionales, además de poder dar respuesta la carencia «histórica» de medios materiales.
Por su parte, el presidente del TSJC ha valorado la utilidad de estos encuentros convocados por el Gobierno cántabro para alcanzar un Pacto para la Justicia, dado que la situación actual es «muy complicada». «Es un foro en el que cada uno expone sus problemas e intenta buscar soluciones de forma coordinada, por lo que tenemos esperanza en su utilidad», ha subrayado tras la reunión López del Moral, que ha defendido mejorar las condiciones laborales, así como otras mejoras procesales y de medios materiales.
«Somos conocedores de la situación, sabemos cuál es la Administración de Justicia que queremos para esta Comunidad y tenemos clarísimo cuál es el camino», ha dicho Isabel Urrutia, quien ha señalado que se alcanzarán, así, puntos de «encuentro» y «unión», en el que «todos nos sintamos cómodos», para hacer del Pacto para la Justicia «un proceso de modernización de nuestra Administración y de futuro».
Y es que la situación de la Administración de Justicia regional es «difícil» y de «extrema gravedad», en palabras de la consejera de Justicia, un escenario que el Gobierno de España «no ha sabido atajarlo desde el principio» e incluso, según ha dicho, ha cerrado «en falso», en alusión a la huelga de los trabajadores de este sector.
A la situación de extrema gravedad, «hay que sumar la conflictividad interna creada, que no había antes (…) y que ha llevado a una situación de tensión que no puede seguir así y tenemos que atajar», ha remarcado la consejera, quien ha valorado, por ello, la importancia de reunir a todos los colectivos para revertir esta situación.