- La Abogacía no comparte que “algunos de los convocantes causen un daño innecesario añadido a profesionales y ciudadanos, partes, testigos, peritos…, no informando con antelación suficiente del ejercicio individual del derecho a la huelga y de la suspensión de los actos judiciales
- La Junta de Gobierno del ICA Cantabria, que reconoce y respeta el derecho a huelga de los LAJ, traslada su honda preocupación por los efectos en la Justicia de esta huelga
La Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Cantabria trasladó ayer al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral, el acuerdo unánime adoptado por el órgano de Gobierno en su sesión del 1 de febrero de 2023.
En concreto, trasladan “su honda preocupación por los efectos que está produciendo la huelga indefinida convocada por las distintas Asociaciones que agrupan a los Letrados de la Administración de Justicia y que se viene desarrollando en todo el territorio desde el pasado 24 de enero”.
Desde el Colegio de la Abogacía, que “reconoce y respeta su decisión” para la defensa de sus reivindicaciones ejercitando un derecho constitucional contemplado en el artículo 28 de la Constitución, recuerdan que el ejercicio de este derecho “está afectando de manera importante a otro derecho constitucional, contenido en el artículo 24 de la Constitución, que garantiza a los ciudadanos el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas”.
Desde la Abogacía de Cantabria solicitan a la presidencia del alto tribunal “que se adopten las medidas para que, en tanto se mantenga el conflicto, se traslade a los distintos Letrados de la Administración de Justicia la necesidad de informar con antelación del ejercicio individual del derecho a la huelga y de la suspensión de los actos a los que vienen convocados ciudadanos y profesionales”.
La Junta de Gobierno del ICA CANTABRIA no comparte que, “algunos de los convocantes causen un daño innecesario añadido a profesionales y ciudadanos, partes, testigos, peritos…, no informando con antelación suficiente del ejercicio individual del derecho a la huelga y de la suspensión de los actos judiciales, evitando de esta forma el tiempo invertido en el estudio y preparación de los juicios y los traslados innecesarios a las sedes judiciales que, en muchas ocasiones, se producen desde otras ciudades, con los consiguientes perjuicios e incluso en situaciones de riesgo por los efectos climatológicos de estos días sobre la circulación vial”.
En Cantabria el 80% de los letrados de Justicia está secundando esta huelga, lo que ha motivado que se suspendan multitud de procedimientos judiciales, diligencias, declaraciones y otros actos procesales, paralizando el impulso y la tramitación de los procesos que se siguen ante los juzgados y tribunales de Cantabria, añadiendo retraso al que ya se venía produciendo en muchos órganos judiciales.
Por último, para el colectivo de la Abogacía en Cantabria “resulta injustificable” que este conflicto no se resuelva a través de los cauces habituales del diálogo y la negociación y que, “según se deduce de las noticias publicadas, el Ministerio de Justicia no haya convocado a las Asociaciones para intentar canalizar y resolver este problema que afecta a un servicio público fundamental para los ciudadanos”.
