La defensa de derechos precisa más recursos y compromiso público
1. En los últimos años, el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita ha venido sufriendo un progresivo deterioro en la dotación de recursos y, como consecuencia, ha avanzado la precarización de las condiciones en que se está prestando.
2. El incesante incremento anual del volumen de casos evidencia que la existencia de la Jurídica Gratuita y su correcto funcionamiento es ahora más necesaria que nunca para evitar que se agrande la brecha de desigualdad social.
3. Las demandas de que todo el trabajo realizado sea compensado, de que los pagos se abonen con regularidad y de que sus importes sean actualizados automáticamente no debería seguir siendo una reclamación permanente, pues demuestra que los cimientos del sistema siguen sosteniéndose sobre la buena voluntad y la conciencia de los profesionales de la abogacía.
4. La inclusión de la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita en el Plan normativo del Gobierno del Estado para este año es una buena noticia. No podemos perder la oportunidad de renovar una ley que acumula ya 28 años de vida y debemos aspirar a un servicio de la máxima calidad y proyección de futuro.
5. La nueva ley tiene que ser el nuevo marco legal de referencia y no una suerte de cajón normativo donde incorporar todas las novedades legislativas que en los últimos años han ampliado la protección de derechos para los más vulnerables sin consolidar las garantías de que esos derechos se ejercerán con las máximas garantías.
6. Cualquier texto legislativo que consiga el consenso político no será suficiente si, anualmente, los diferentes gobiernos no refrendan su compromiso con este servicio mediante la dotación de los recursos económicos necesarios y la mejora de las condiciones tanto para los beneficiarios como para los profesionales y sus Colegios.
7. Las administraciones competentes deben asumir que, como sucede en el resto de los servicios públicos, los costes de la Asistencia Jurídica Gratuita implican mucho más que el pago de las indemnizaciones, por lo que deben considerar la necesidad de establecer dotaciones económicas para aspectos esenciales como el transporte o la formación, o la dotación suficiente de profesionales para todos los servicios de guardia.
8. Los limitados resultados obtenidos en ámbitos como la violencia de género o la protección de los derechos de los migrantes precisan de abordajes más profundos e integrales para orientar el trabajo de forma que permita mejorar la situación de las víctimas de la violencia y de quienes solo buscan un futuro mejor lejos de sus casas.
9. La última responsabilidad de que los derechos de todos y cada uno de los españoles puedan ser defendidos con plenas garantías en un proceso judicial es de los poderes públicos. Los Colegios deben estructurar el funcionamiento del Turno de Oficio y quienes están adscritos llevar a cabo su tarea en las precarias condiciones que le ofrece la Administración de Justicia, pero no puede asumir la plena responsabilidad del resultado final.
10. Los años pasan y nadie en la esfera política parece asumir la enorme transcendencia que para la calidad democrática de un país tiene que cualquier ciudadano goce de las máximas garantías cuando se ve inmerso en un proceso judicial. Ignorar el deterioro de nuestra Justicia y especialmente el de uno de sus pilares, el Turno de oficio, tendrá efectos perjudiciales en el progreso de nuestra sociedad.
