El Colegio de la Abogacía de Cantabria y el Gobierno cántabro han iniciado las conversaciones para acordar nuevas actualizaciones en las retribuciones del turno de oficio y mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales con el fin de que se ajusten en mayor medida a los costes actuales.
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, y el decano del Colegio de Abogados de Cantabria, Andrés de Diego, han mantenido un segundo encuentro con este fin y seguir mejorando con ello la calidad del servicio. El Ejecutivo autonómico aprobó recientemente un nuevo decreto de asistencia jurídica gratuita que ha subido las cuantías que perciben abogados y procuradores del turno de oficio en torno a un 20%. La Consejería de Presidencia y Justicia ha finalizado este año la tramitación administrativa de este reglamento, tras casi dos años de trámites, que han incluido los informes preceptivos de diversos órganos estatales, como el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.
Tras su entrada en vigor y la actualización contemplada de los baremos, se procederá ahora a un nuevo proceso negociador con los colegios profesionales para mejorar el funcionamiento de la Comisión de Justicia Gratuita y seguir mejorando las retribuciones de los profesionales que ejercen el turno de oficio.
El Colegio de la Abogacía viene reivindicando desde hace años la publicación de una norma para regular el servicio público de la asistencia jurídica gratuita, “para dignificar la función que prestan los profesionales de la abogacía y la procura en favor de los ciudadanos”.
“Resultaba urgente e inaplazable esta norma y el texto aprobado supone un paso en la dirección indicada pero no se colman las aspiraciones de la profesión en el sentido indicado, por lo que las negociaciones han de continuar”, ha explicado el Decano del Colegio de la Abogacía de Cantabria, Andrés de Diego Martínez.
Al margen de cuestiones que afectan a la tramitación de los expedientes, reconocimiento de derechos de los profesionales o funcionamiento de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, los baremos previstos para retribuir cada una de las actuaciones profesionales suponen un incremento porcentual importante sobre los anteriores, “pero todavía nos sitúan aún lejos de las Comunidades Autónomas limítrofes”.
El Ejecutivo destina 500.000 euros más a estos servicios, hasta alcanzar los 3 millones de euros anuales, de los que 2,5 millones son para abogados, 244.000 para los procuradores y otros 220.000 con destino a financiar las pruebas periciales.
Fernández Viaña ha informado al decano que el Gobierno cántabro ultima ya el pago de la partida destinada a los colegios de la Abogacía y Procuraduría correspondiente al primer semestre por la prestación de la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio, por importe de 1.372.000 euros, de los que 1.250.000 son para abogados y 122.000 para procuradores.
Estas subvenciones, que percibirán próximamente ambos colegios, cubren el incremento previsto en sus retribuciones por el nuevo decreto aprobado por el Ejecutivo.
