“Reconocemos el derecho de los funcionarios judiciales a este conflicto porque no han podido negociar y han sido muy maltratados por el Ministerio de Justicia, pero no se puede olvidar que existe el derecho a la tutela judicial efectiva sin dilaciones indebidas, por lo que pedimos a los funcionarios que sean sensibles a la situación que afecta a los ciudadanos y modulen las medidas de este conflicto”, ha afirmado esta mañana el decano del Colegio de la Abogacía de Cantabria en una rueda de prensa ofrecida para anunciar la concentración que mañana miércoles tendrá lugar en Las Salesas a las 12 para reclamar la reactivación de la actividad judicial.
Victoría Ortega, Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, se una mañana a la concentración en Santander.
De los 1.250 abogados ejercientes en Cantabria, el 95% de ellos desarrolla su labor ante los Tribunales. Actualmente se estima que se están produciendo debido a la huelga hasta un 57% menos de notificaciones y hay despachos que ya han comunicado descensos de su actividad y de sus ingresos en torno al 50%.
A falta de conocer los datos del segundo trimestre, ya se sabe que en los tres primeros meses del año los Tribunales cántabros recibieron un 15% menos de casos, lo que a juicio de Andrés de Diego demuestra el desánimo que la situación está creando entre la ciudadanía, un desánimo creciente porque la previsión según ha explicado el Decano del ICA “se va a agravar por las demoras asociadas al periodo electoral lo que nos puede llevar a que esta huelga dure ocho meses”.
De Diego ha explicado que “reclamamos medidas urgentes para resolver los inadmisibles retrasos que se vienen acumulando por distintas circunstancias”. Además, ha señalado “reclamamos de los partidos políticos y los poderes públicos un indispensable Pacto de Estado por el futuro de la justicia que la Abogacía española viene reivindicando” y ha asegurado que en los debates electorales no existen referencias a la situación de la justicia por lo que “no son en absoluto consciente de la gravedad de un problema que afecta a un servicio tan esencial como la sanidad”.
“Cuando este conflicto acabe vamos a darnos cuenta de que tendremos que arrimar el hombro todos”, ha dicho.
El de la justicia es un problema estructural, ha explicado, lo que llevaba ya a acumular retrasos a los que han unido los creados por la pandemia, los generados por la huelga entre enero y marzo de los Letrados de la Administración de Justicia y por la actual de los funcionarios, iniciada en abril.
Esto significa, ha explicado “que no solo los juicios sino toda la tramitación se ha visto afectada de tal forma que los retrasos van a superar el año de demora añadida a la que ya tenían”.
Andrés de Diego ha explicado que “la abogacía comprometida con el servicio público ha convocado una concentración en la que reclama diez medidas.
La primera de ellas es una gobernanza incluyente con participación de la abogacía y coordinación entre las instituciones y administraciones con competencias en materia de justicia.
También reclaman los profesionales recursos materiales y personales porque “antes de estos conflictos ya era evidente la carencia de medios que va a agravarse ahora”. Por ello “reclamamos inversiones para abordar todas las reformas estructurales que la Administración de Justicia necesita en ámbitos organizativos y de recursos humanos”
Entre las reivindicaciones de los abogados y abogadas de Cantabria y de toda España está la racionalización de la organización. De Diego ha señalado que “el sistema de organización es arcaico y reclamamos medidas como la implantación de los Tribunales de Instancia” En este sentido ha recordado que “estaba en trámite la aprobación de medidas solicitadas por la abogacía y que han quedado paralizadas por la convocatoria electoral”.
También, ha recordado, reclamamos mejorar la ejecución de resoluciones judiciales y la implantación efectiva e inmediata en todo el territorio del expediente judicial electrónico además de una asistencia jurídica gratuita que garantice el servicio a la ciudadanía que carece de recursos económicos y que se preste por profesionales debidamente formados y retribuidos.
La ausencia de una regulación de la conciliación entre los profesionales de la abogacía es también motivo de reivindicación ya que como señaló De Diego, “la abogacía no tiene más periodo que el navideño concedido el pasado año y el de inactividad de los juzgados en agosto”.
También se reclamará mañana la aprobación de una Ley Orgánica de Derecho de Defensa, el impulso a mecanismos adecuados de solución de conflictos como la mediación intrajudicial, o el arbitraje y la revisión del sistema legal de recursos.
