La pasividad de la administración ante el deterioro de la justicia como servicio público es inadmisible” ha asegurado esta mañana Andrés de Diego, decano del Colegio de la Abogacía de Cantabria en el acto oficial de celebración de la festividad de San Juan Patrón de la profesión.
La Alcaldesa de Santander, Gema Igual, la Consejera de Presidencia en funciones, Paula Fernández, así como autoridades del ámbito judicial han asistido al acto celebrado en el Paraninfo de la Universidad.
De Diego ha lamentado las “escasas referencias a la Justicia en los programas de los partidos y en los debates electorales” que demuestran que “no son conscientes de la magnitud del problema y de sus consecuencias” y que atienden a “criterios de oportunidad política o cálculo electoral, antes que al del interés de la ciudadanía”.
El decano de la Abogacía cántabra ha recordado que los ciudadanos y profesionales están sufriendo importantes retrasos en la tramitación de los procesos judiciales que comenzaron a originarse en 2020 con la pandemia, tras la “insólita” paralización de la actividad de los Tribunales durante tres meses y las posteriores limitaciones como consecuencia de las restricciones en el acceso a las sedes judiciales; a ello se han sumado desde principios de este año los efectos de las huelgas de los Letrados de la Administración de Justicia y de los funcionarios, en reivindicación de una mejora de sus condiciones laborales y retributivas.
El decano ha calificado de “inadmisible” el trato que se ha dispensado a ciudadanos y profesionales durante estos conflictos, puesto que, “además de sufrir el perjuicio producido por la suspensión de las actuaciones judiciales, no eran informados previamente de la suspensión, para evitar los perjuicios por la preparación del procedimiento y el traslado de las partes, profesionales, testigos o peritos a las sedes de los Juzgados”. “El trato dispensado no se corresponde con nuestra labor y posición en la Administración de Justicia”, ha afirmado.
De Diego ha reclamado “la dotación de medios materiales y humanos indispensables para dar cumplimiento al derecho a la tutela judicial efectiva” y “la inmediata solución del conflicto y la puesta en marcha de un Plan que recupere el tiempo perdido”, para lo que resulta indispensable un Pacto Por La Justicia.
También ha anunciado la convocatoria el próximo martes 28 a las 12 en la explanada de Las Salesas de una concentración de profesionales de la Abogacía y la Procura y de todos los operadores jurídicos y ciudadanos que se quieran unir en reivindicación de este pacto.
El decano señaló que “admitimos, como no podría ser de otra forma, el ejercicio del derecho constitucional a la huelga” pero “reivindicamos el derecho de los ciudadanos a obtener tutela judicial efectiva mediante un proceso con garantías y sin dilaciones”.
Nuevos abogados
De Diego dio la bienvenida a la profesión a los 29 nuevos abogados y abogadas que se incorporan “en este panorama negro para la justicia” y les recordó que “no hay justicia sin abogados y abogadas”.
También se entregó un reconocimiento a los profesionales que en 2023 cumplen 25 años en el Colegio a quienes, el decano se refirió como “la base más amplia y reconocible se nuestra profesión, en la que se fundamenta parte de nuestro prestigio”.
Enrique Oliva Gómez
Enrique Oliva Gomez recibió el diploma de Colegiado de Honor que se entrega a quienes alcanzan el medio siglo en la profesión.
Licenciado por la Universidad de Valladolid, familia de juristas, se incoporó al Colegio el 1 de marzo de 1973. En 2017, pasó a la condición de no ejerciente. Fue Diputado Sexto de la Junta de Gobierno entre 1986 y 1991en la Junta presidida por Eduardo Casanueva y, como tal, miembro de diversas Comisiones del Turno de Oficio, Deontológica, Honorarios, Festejos y Actividades Deportivas. Su actividad profesional se centró principalmente en los contratos bancarios—asesor jurídico en Santander del Banco Urquijo—y en el Derecho de Seguro y asuntos de automóvil.