Cerca de 200 profesionales de la procura, la abogacía, así como jueces, fiscales, representantes de partidos políticos como el Popular, el socialista e IU Santander, se han sumado a la concentración celebrada esta mañana ante el juzgado de Las Salesas en Santander dentro de la campaña organizada por Abogacía Española a nivel nacional. Victoria Ortega, presidenta del Consejo General que representa a todos los Colegios de la Abogacía de España ha participado en la manifestación en Santander en la que el Decano del Colegio ha leído un manifiesto en el se reclama un pacto de Estado por la Justicia.
De los 1.250 abogados ejercientes en Cantabria, el 95% desarrolla su labor ante los Tribunales. Actualmente se estima que se están produciendo debido a la huelga hasta un 57% menos de notificaciones y hay despachos que ya han comunicado descensos de su actividad y de sus ingresos en torno al 50%.
A falta de conocer los datos del segundo trimestre, ya se sabe que en los tres primeros meses del año los Tribunales cántabros recibieron un 15% menos de casos, lo que a juicio de Andrés de Diego demuestra el desánimo que la situación está creando entre la ciudadanía, un desánimo creciente porque la previsión según ha explicado el Decano del ICA “se va a agravar por las
demoras asociadas al periodo electoral lo que nos puede llevar a que esta huelga dure ocho meses.
POR UN PACTO EN JUSTICIA
RECLAMAMOS un acuerdo que reactive de forma inmediata el servicio público de justicia, y medidas urgentes para resolver los inadmisibles retrasos ya acumulados.
La actual situación del servicio público de justicia es insostenible. El servicio público de justicia lleva paralizado por diversas huelgas desde hace más de 4 meses, sin cumplimiento efectivo de los servicios mínimos y sin visos de solución.
Las recientes y sucesivas convocatorias de huelgas de distintos colectivos de la justicia se suman a un déficit histórico y estructural que el servicio público arrastra desde hace décadas. Tras 4 meses consecutivos de huelgas, se siguen suspendiendo continuamente decenas de miles de vistas, en la mayoría de los casos sin previo aviso, dejando miles de notificaciones sin tramitar, una cuenta de consignaciones y depósitos judiciales paralizada, y señalamientos fijados ya para fechas tan irrazonables como el año 2027.
Es descorazonador que los ciudadanos y profesionales de la justicia tengamos que concentrarnos ante las sedes judiciales para recordar a los poderes públicos algo tan evidente como que la tutela judicial efectiva es fundamental para el normal funcionamiento del Estado de Derecho y, por tanto, la propia vida en sociedad, dado que tiene por función resolver los conflictos, dotando así de seguridad y confianza a la ciudadanía.
Es desolador que tengamos que concentrarnos para recordar que la parálisis del servicio público afecta gravemente a la vida de decenas de miles de personas, así como de los profesionales que defienden sus derechos ante juzgados y tribunales, y que tampoco pueden trabajar.
Nuestro Estado social y democrático de Derecho requiere de una Justicia pronta y de calidad. Sin Justicia no hay democracia ni libertad. La pronta solución de la parálisis del servicio público es una cuestión de Estado.
LA JUSTICIA ES UNA CUESTION DE ESTADO
RECLAMAMOS un Pacto de Estado tras las elecciones generales del 23 de julio, que permita crear un servicio público, efectivo y de calidad, durante la próxima legislatura.
El actual deterioro del funcionamiento e imagen institucional de la Justicia nos afecta a todos. Con miles de procedimientos paralizados y unos tiempos de respuesta inasumibles, la Justicia sufre una grave crisis reputacional y graves ineficiencias.
La XV Legislatura de la democracia española debe ser la Legislatura de la Justicia, con mayúsculas: una legislatura que inicie su andadura con un gran Pacto de Estado por la Justicia, honrado por cualesquiera que sean los partidos que finalmente gobiernen.
Llevamos décadas reclamando una reforma profunda y duradera de la Justicia, para convertirla en un servicio público equivalente a la sanidad o la educación. Hace falta transformar la administración de justicia en un verdadero servicio público de calidad, que mejore la seguridad jurídica en sociedad y genere confianza a la ciudadanía. Para ello hace falta abordar con altura de miras, lealtad institucional y sentido de Estado cuestiones básicas entre la mayoría de los profesionales de la justicia desde hace años:
- Gobernanza incluyente: Creación de mecanismos reales de coordinación regular entre las instituciones y administraciones con competencias en materia de Justicia (a nivel estatal, autonómico, provincial y por partidos judiciales), asegurando la participación efectiva de los profesionales que intervenimos en ella, así como de la ciudadanía.
- Recursos materiales y personales: Previsión de inversiones para abordar todas las reformas estructurales que la Administración de Justicia necesita en ámbitos organizativos y de recursos humanos.
- Racionalización organizativa: Racionalización de los métodos de trabajo de la Administración de Justicia, revisando su organización territorial y funcional, mediante una transformación estructural que, implantando tribunales de instancia, supere el marco actual, cuya excesiva rigidez impide el aprovechamiento de los recursos, con respeto a los principios de especialidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, flexibilidad y proximidad al ciudadano.
- Ejecución de resoluciones: Mejora sustancial de la ejecución de las resoluciones judiciales en todos los órdenes jurisdiccionales, dotando a la Administración de Justicia de todos los medios de los que otras Administraciones disponen para su ejecución.
- Expediente electrónico: Implantación efectiva e inmediata en todo el territorio del expediente judicial electrónico, con el que puedan interactuar todos los intervinientes en el proceso, posibilitando trámites on-line para la ciudadanía en condiciones de seguridad, confidencialidad y pleno respeto a sus derechos fundamentales.
- Acceso universal: Revisión del marco legal del sistema de acceso universal a la justicia para que la asistencia jurídica gratuita garantice estrictamente a la ciudadanía que carece de recursos económicos, un servicio de calidad, con profesionales debidamente formados a los que se garantice una compensación digna que ampare todas las actuaciones efectuadas por designaciones de Oficio, y manteniendo la proximidad territorial, y tendiendo a la especialización por áreas y servicios.
- Conciliación de la vida personal y profesional: Posibilidad de la conciliación de la vida personal y familiar de todos los profesionales que intervenimos en el servicio público de justicia, sin merma de los derechos de los justiciables.
- Regulación del Derecho de Defensa e Instrucción por el Ministerio Fiscal: Aprobación de una Ley Orgánica de Derecho de Defensa para cerrar el círculo de garantías constitucionales de la tutela judicial efectiva, así como de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que recoja un moderno sistema de instrucción y un enjuiciamiento para adaptarse a las exigencias jurídicas constitucionales e internacionales, homologable a los países de nuestro entorno.
- Solución adecuada de diferencias: Impulso decidido y eficaz de mecanismos adecuados de solución de conflictos (mediación intrajudicial, conformidades, arbitraje) fomentando la cultura del acuerdo.
- Recursos y procedimientos: Revisión del sistema legal de recursos, armonizando en lo posible los trámites y requisitos en todos los órdenes jurisdiccionales y generalizando la segunda instancia como garantía efectiva de los derechos y libertades de la ciudadanía; así como revisión de los procedimientos tendente a la uniformidad, simplificación y antiformalismo, reconsiderando asimismo el criterio de condena en costas, para que el principio del vencimiento no limite el acceso a la tutela judicial efectiva, tendiendo a que se imponga a quien litiga con mala fe o temeridad.