Así lo ha anunciado la consejera de Justicia, Isabel Urrutia, tras la reunión celebrada en la sede de la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, y en la que han participado los decanos de los colegios de la Abogacía y Procuradores de Cantabria, Andrés de Diego y Rosaura Díez y el director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo, Juan Sáez.
Las reuniones de los grupos de trabajo, integrados por representantes de las tres partes se han venido desarrollando durante el mes de diciembre y culminarán con la elaboración del texto normativo definitivo que incluirá las modificaciones consensuadas.
El texto normativo incorporará novedades dirigidas a facilitar la tramitación de los procedimientos, tanto para los colegiados como para los colegios, a la flexibilización de los plazos para el cumplimiento de obligaciones formales, a la ampliación de los supuestos de compensación económica a los colegios de los gastos en que se incurran en determinados supuestos o a la aclaración del sistema de abono en los casos de sucesión de profesionales en un mismo procedimiento judicial, entre otros variados aspectos.
La Consejera ha asegurado que también se han examinado en los grupos algunas de las peticiones y reivindicaciones que «no pueden ser directamente atendidas por la comunidad autónoma por exceder del ámbito de sus competencias», pero que asume el Gobierno como propias y se ha comprometido a trasladarlas a los órganos competentes del Estado, como es el caso de la dignificación y mejora de los lugares donde se presta atención al detenido, dependientes del Ministerio de Interior, Guardia Civil o Policía Nacional.
En este mismo ámbito, la titular de Justicia sí que ha asegurado que se atenderá a la adecuación de las instalaciones en el complejo judicial de Las Salesas, propiedad del Gobierno de Cantabria, dentro del marco del Pacto por la Justicia.
Por lo que respecta a otras demandas de los profesionales que han aflorado en los grupos de trabajo, como la ampliación del contenido material del derecho a la asistencia gratuita o la preceptividad de la solicitud del interesado para la concesión de este derecho, y que, según ha destacado el Ejecutivo regional, «también exceden del ámbito competencial autonómico el Gobierno de Cantabria» se ha mostrado dispuesto a instar al Ministerio de Justicia a convocar la reunión del Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita, que tiene entre sus funciones la de elaborar propuestas normativas de mejora de la prestación de la asistencia jurídica gratuita, acometiendo la necesaria actualización de la Ley Estatal 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS BAREMOS Y MÓDULOS ECONÓMICOS
El Gobierno ha informado que este mes de enero se van a celebrar reuniones para la revisión y actualización de los baremos y los módulos económicos, al objeto de analizar las reivindicaciones económicas de los colectivos profesionales y dignificar y adecuarlos «siempre dentro de la disponibilidad presupuestaria con las que cuenta el Gobierno de Cantabria», ha precisado la consejera.
Según Urrutia, tras la «sintonía y consenso conseguido en lo relativo a la regulación normativa del decreto, ahora llega el momento de acometer la última fase, que pasa por la actualización de los baremos y las tarifas que reconozcan la actuación esencial que realizan estos profesionales».
SATISFACCIÓN EN EL ICA
El Colegio de la Abogacía de Cantabria muestra su satisfacción por el avance de las negociaciones que viene manteniendo con la Consejería de Justicia para reformar el Decreto 26/2023, de 27 de abril, de asistencia jurídica gratuita de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Andrés de Diego ha señalado que a lo largo del mes de enero se intentará alcanzar un acuerdo para su inclusión en el nuevo Decreto, habiendo consensuado que la fecha de efectos de su aplicación sea la del 1º de enero de este año que comienza.
Por parte del Colegio se ha presentado una propuesta de baremos que incluya nuevos procedimientos judiciales e incremente de manera sustancial los módulos de cada uno de ellos, propuesta que se ha realizado teniendo en cuenta las cuantías de los vigentes en las CCAA de Asturias, Navarra, Comunidad Valenciana y Galicia.
Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Cantabria ha asegurado que después de consensuar el texto normativo del decreto se avanzará en el contenido de los baremos o módulos de cada uno de los procedimientos y sus incrementos.
El pasado mes de agosto el Decano del Colegio y la Consejera de Presidencia y Justicia acordaron, entre otras cuestiones, abordar una urgente modificación del Decreto que regula la asistencia jurídica gratuita en Cantabria, tanto en la parte normativa del texto, como incorporando un importante incremento de los baremos que retribuyen cada uno de los procedimientos en los que intervienen los abogados y abogadas adscritos a dichos servicios.
En diferentes reuniones mantenidas entre el personal técnico de la Consejería y del Colegio se ha alcanzado un principio de acuerdo en el articulado del Decreto que regula los derechos y obligaciones de los profesionales y del Colegio de la Abogacía en la tramitación y justificación de sus intervenciones en cada uno de los Expedientes.
MODELO DE TURNO DE OFICIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Además, este nuevo decreto incorporará un modelo específico de turno de oficio para personas con discapacidad con el objetivo de garantizar su acceso a la justicia como derecho fundamental.
La consejera de Justicia ha resaltado su satisfacción al lograr el acuerdo de todos los operadores jurídicos implicados para aceptar esta propuesta, en la que contarán con el apoyo del CERMI Cantabria.
Del total de los 1.201 abogados colegiados en Cantabria, un total de 553 están adscritos al turno de oficio, mientras que 154 procuradores desempeñan su labor profesional para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas más desfavorecidas.
Desde el turno de oficio se actúa en servicio de asistencia al detenido, en materia de violencia de género y en el turno de extranjería.