El pasado viernes 18 de junio, tuvo lugar en nuestra sede la firma de un acuerdo por el que nuestro colegio, junto a la Fundación Tutelar Cantabria y a la Fundación Aequitas, pretendemos unir fuerzas y recursos para desarrollar acciones orientadas a garantizar la correcta aplicación del nuevo modelo jurídico basado en el apoyo en la toma de decisiones de personas con discapacidad, previsto en la recientemente aprobada Ley 8/2021, de 2 de junio.
Una iniciativa de la Fundación Tutelar Cantabria, que pretende fomentar la aplicación en la práctica jurídica regional de los importantes cambios previstos en la reciente ley que contiene estas reformas.
Los tres colectivos coincidimos en la necesidad de empezar cuanto antes a adaptar estas iniciativas al ámbito regional, a través de la firma de este Convenio para mejorar el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad en Cantabria.
Los encargados de rubricarlo han sido D. Manuel García-Oliva Mascarós, presidente de la Fundación Tutelar de Cantabria, Dña. Almudena Castro-Girona Martínez, directora de la Fundación Aequitas -si bien en su nombre asistió al acto el delegado para Cantabria de la entidad, Vicente Toledano Barrero- y nuestro decano, D. Andrés de Diego.
En palabras de este último, “La reciente reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad, es el contexto idóneo para la creación de un Turno Especial de Oficio para personas con discapacidad, tanto para los que carezcan de recursos para el acceso a la tutela judicial efectiva, como para cualquier otro que requiera de dicho apoyo jurídico especializado”.
A tal fin, nuestro Colegio ha puesto en marcha una Comisión de Discapacidad, para ofrecer formación específica y actualizada a todos los operadores jurídicos en esta materia, previendo, entre otras acciones, el desarrollo de un Curso de Especialización habilitador para el acceso de abogados y abogadas a este turno de oficio.
Cambio trascendental
El modelo de apoyo en la toma de decisiones, está basado en el respeto de la voluntad y preferencia de las personas, por lo que conlleva un cambio de paradigma en todos los niveles: tanto para las propias personas con discapacidad, que serán protagonistas de sus tomas de decisiones, como para los agentes jurídicos y sociales que intervienen en la prestación o garantía de este tipo de asistencia.
Frente al anterior modelo de sustitución de las personas con discapacidad intelectual, que suponía su incapacitación judicial, la nueva normativa obliga a su reemplazo por este otro basado en apoyos y previsto en el ordenamiento jurídico español tras la incorporación al mismo de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 2008.
Para ello, resulta ineludible la adecuación de los antiguos procedimientos de incapacitación, de las estructuras judiciales y operadores jurídicos (abogados, magistrados, jueces, procuradores, fiscales y notarios entre otros) a esta nueva realidad del modelo de apoyo.