El Colegio de Abogados, representado por su Decano, Andrés de Diego, se reunió el pasado 4 de julio con miembros de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Cantabria, con el objetivo de formularles diversas propuestas en relación con la Administración de Justicia, dado que el partido está elaborando las bases del proyecto político del partido para los próximos cuatro años. De Diego, en nombre todo su colectivo, les hizo llegar la “necesidad” de que por parte de los Poderes Públicos se “invierta” en Justica, una demanda reiterada y necesaria para hacer efectivo uno de los más importantes servicios públcios existentes.
Durante el encuentro, que tuvo lugar en la sede del PSOE en Santander, se trasladó a los miembros del PSOE la necesidad de abordar un “Pacto de Estado” que la Abogacía viene reclamando infructuosamente desde hace años, manteniendo los partidos políticos posturas divergentes y, a veces contradictorias, en materias tan transcendentes como la forma de elección de los miembros del Órgano de Gobierno del Poder Judicial, la organización de la Planta judicial, el refuerzo de la independencia judicial… Para De Diego, en este Pacto de Estado por la Justicia se debe dar cabida no solo a los partidos políticos, sino a todos los operadores jurídicos, Jueces, Letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, Colegios de Abogados y Procuradores y también a las Organizaciones de consumidores, representantes de la ciudadanía.
Por otro lado se trató el derecho a la tutela judicial efectiva, proclamada en el artículo 24 de la Constitución Española como derecho fundamental de los ciudadanos, para la cual resulta esencial dotar a la Administración de Justicia de medios humanos y materiales, y conseguir así una Justicia moderna que dé respuesta ágil a los problemas de los ciudadanos.
El Decano explicó a los presentes que el retraso que se produce en muchas ocasiones en la obtención de una Resolución judicial, provocando dilaciones que impiden la obtención del derecho reclamado, se origina por la acumulación de asuntos en los Juzgados que impiden su tramitación y decisión en plazos razonables y ello a su vez es causa de que las plantillas de funcionarios, Letrados de la Administración de Justicia y Jueces y Magistrados resultan insuficientes.
Así mismo explicó que resulta necesario dotar de edificios modernos y accesibles a los ciudadanos, tendiendo a la concentración de los Órganos Judiciales en un diseño similar a las existentes en otras Comunidades Autónomas, como “Ciudad de la Justicia”. Este diseño ya se contempló años atrás en Cantabria, mediante la utilización de la actual sede de Salesas, del Edificio de la calle Alta y del antiguo Convento de la calle Alta, que se deshechó posteriormente por problemas presupuestarios.
En materia de modernización de la Justicia, De Diego señaló que es fundamental la adecuación de los Tribunales a las mejoras tecnológicas, tendiendo a la eliminación del papel y su supresión por un auténtico Expediente judicial electrónico, al que se vuelquen la totalidad de las actuaciones judiciales y con un sistema eficiente de notificaciones a los profesionales. “La experiencia en Cantabria de la Aplicación VEREDA es positiva si la comparamos con otras aplicaciones como LEXNET…, pero es necesario completar el desarrollo de esta Aplicación para los logros expresados”, añadió. Quizás esa dispersión de competencias, entre las Comunidades Autónomas que cuentan con competencias transferidas y otras que permanecen dentro del Ministerio de Justicia, provoca una descoordinación en la que resulta necesario trabajar en aras a la efectividad y sobre todo a la igualdad en el acceso a la Justicia.
Justicia Gratuita
La asistencia jurídica gratuita, implantada en nuestro país en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 119 de la Constitución española, para garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos que carecen de recursos, es un logro que La Comisión Europea ha reconocido en el Cuadro de Indicadores de la Justicia en la Unión Europea, y en la que se ha destacado a España por la calidad del servicio de asistencia jurídica gratuita, gestionado por los Colegios de Abogados, que se encargarn de garantizar el acceso a la Justicia para todos aquellos ciudadanos que se sitúan un 40% por encima del umbral de la pobreza marcado por Eurostat, un nivel sólo alcanzado en la UE por Dinamarca. A este respecto, el Decano explicó que los profesionales que prestan este Servicio, Abogados y Procuradores, perciben unas cantidades ínfimas en relación al trabajo que realizan, por lo que resulta necesario actualizar sustancialmente estos importes.
Otro de los temas abordados durante el encuentro fue el relacionado con la inversión en sistemas alternativos al Proceso judicial como la mediación. En la actualidad, en Cantabria existe una norma que regula la mediación, y se ha puesto en marcha un Proyecto piloto de mediación intrajudicial en asuntos de familia, que en fechas próximas se extenderá a otros Juzgados y materias. Sin embargo este sistema al que se han incorporado los colegios de Abogados y Procuradores y alguna otra Asociación carece de dotación presupuestaria. El Colegio de Abogados de Cantabria, por su parte, ha creado un Registro de Mediadores que están debidamente formados, cuenta con un Servicio de Mediación dotado y organizado por el propio Colegio y mantiene su apuesta por la mediación intrajudicial, “que se está sosteniendo únicamente con el trabajo, esfuerzo y dedicación de los mediadores y de los Colegios, sin que exista retribución por dicha labor”.
Por último, se trasladó a los asistentes que es indispensable el reconocimiento de la labor que desarrollan los Colegios Profesionales en materias como la organización y mantenimiento de la asistencia jurídica gratuita, de la salvaguarda de la deontología profesional en defensa de los intereses de los consumidores y ciudadanos, de las funciones de mediación, de la elaboración de Informes preceptivos a favor de los Tribunales y otras muchas.