El Colegio implanta un Canal de Incidencias, Quejas y Sugerencias

Junta ICA

El Colegio de la Abogacía de Cantabria ha puesto en marcha por primera vez un Canal de Incidencias, Quejas y Sugerencias, gestionado por la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia (CRAJ), con el objetivo de reforzar la defensa del correcto ejercicio profesional ante tribunales y órganos judiciales, y promover mejoras estructurales en la justicia.

Este canal institucional, implementado por primera vez en el Colegio, permitirá a los abogados y abogadas trasladar de manera directa cualquier anomalía, problema o sugerencia relacionada con el funcionamiento de juzgados, fiscalías, oficinas judiciales o cualquier otro organismo vinculado al ejercicio profesional de la abogacía.

Comunicación directa, segura y con seguimiento

La CRAJ actuará como puente entre el Colegio y las instituciones judiciales, sin función sancionadora, pero con capacidad para mediar, proponer soluciones y ejercer presión institucional cuando sea necesario.

Las comunicaciones se podrán realizar a través de un formulario específico en la web del Colegio, que permitirá detallar los hechos y adjuntar documentación relevante. Todas las incidencias serán tratadas con estricta confidencialidad y contarán con seguimiento individualizado.

Entre los motivos más frecuentes de comunicación se encuentran retrasos procesales, problemas de acceso a expedientes judiciales, trato inadecuado, deficiencias en plataformas digitales o estado de las instalaciones judiciales.

Una herramienta para la mejora continua

Más allá de actuar ante casos concretos, la CRAJ analizará las incidencias recibidas para detectar patrones de conflictividad y proponer mejoras estructurales ante las autoridades competentes, incluyendo el Consejo General del Poder Judicial, la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria o cualquier otra administración. 

Con este canal, el Colegio de la Abogacía de Cantabria da un paso firme hacia una abogacía más protegida, escuchada y eficaz en su interlocución con la Administración de Justicia, promoviendo una justicia más accesible, ágil y respetuosa con el ejercicio profesional.

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