Participa en la encuesta entre abogados sobre la independencia de los jueces 2025

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La Red Europea de Consejos del Poder Judicial (ENCJ) y el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) han lanzado una encuesta dirigida a los abogados de toda Europa con el objetivo de recabar sus percepciones sobre la independencia de los jueces durante los últimos tres años. Esta iniciativa busca complementar la encuesta bienal que la ENCJ realiza entre jueces, incorporando la perspectiva de los profesionales del Derecho que interactúan cotidianamente con el sistema judicial. La intención es obtener una visión crítica y externa sobre el grado de independencia real de los tribunales, especialmente frente a presiones políticas, institucionales o de otro tipo.

La encuesta se refiere al periodo comprendido entre enero de 2022 y la actualidad, y todas las respuestas se recogen mediante una escala de cinco niveles, que va desde “totalmente en desacuerdo” hasta “totalmente de acuerdo”. La participación es completamente anónima y no se recoge ningún dato personal identificativo. Los resultados se analizarán por país, lo que permitirá comparar la situación concreta de cada sistema jurídico nacional con la media europea.

La ENCJ agrupa a los Consejos del Poder Judicial y organismos equivalentes de los Estados miembros de la UE, encargados de apoyar y garantizar la independencia de la justicia. Hasta ahora, esta red realizaba encuestas centradas en la percepción de los jueces; con esta nueva iniciativa, se amplía el campo de análisis incorporando la visión de los abogados como actores esenciales en el funcionamiento de la justicia. Esta información servirá de base para el próximo Informe Anual de la ENCJ sobre Independencia y Rendición de Cuentas, y se espera que contribuya a fortalecer los mecanismos institucionales que protegen la independencia judicial.

Desde ambas organizaciones se hace un llamamiento a la abogacía europea para que participe activamente en este estudio. Las respuestas ayudarán a visibilizar posibles debilidades en los sistemas judiciales, promover reformas institucionales y proporcionar una base empírica sólida para el debate público y político en torno al Estado de Derecho.

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