El Gobierno de Cantabria ha publicado el proceso de consulta pública previo a la elaboración del nuevo decreto de justicia gratuita. Este nuevo decreto modificará el que entró en vigor el pasado año y que, antes de su aprobación definitiva por parte del anterior Ejecutivo, que quedó «obsoleto y desfasado» debido al prolongado proceso de elaboración y al incremento de la inflación. De hecho, estas circunstancias han provocado que la subida económica aprobada no haya permitido hoy cumplir íntegramente las expectativas de los profesionales que ejercen su labor en la Comunidad Autónoma.
La Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa procederá con el nuevo decreto a modificar el procedimiento administrativo para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, dado que algunos de los plazos establecidos «eran de imposible cumplimiento» tal y como se trasladó desde los Colegios de la Abogacía y la Procura. Además, el Ejecutivo procederá a corregir algunos errores materiales detectados en la normativa aprobada el pasado año.
Hasta llegar al trámite de consulta pública publicado ayer en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), ambos Colegios han mantenido reuniones con la Consejería de Justicia, que dirige Isabel Urrutia desde el pasado mes de julio a través de grupos de trabajo específicos, para avanzar en la detección de las posibles mejoras en el texto normativo y conseguir un decreto que desde el inicio del procedimiento de elaboración sea lo «más consensuado posible.
En Cantabria, ejercen el turno de oficio unos 553 abogados y 154 procuradores, una labor profesional que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas con menores recursos. Desde el turno de oficio se actúa en el servicio de asistencia al detenido, en materia de violencia de género y en el turno de extranjería, entre otros supuestos.
El trámite de consulta pública que se inicia ahora tiene por objeto recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones sobre el contenido de la norma, antes de su elaboración. Así, en el plazo de 20 días hábiles, todos los interesados podrán en presentar sus alegaciones y sugerencias sobre el nuevo decreto de justicia gratuita. Los escritos podrán presentarse en los registros públicos, así como a través de Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Cantabria (https://participacion.cantabria.es/).