La consejera de Presidencia, Justicia y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, y el decano del Colegio de la Abogacía de Cantabria, Andrés de Diego, han mantenido un primer encuentro para abordar las principales necesidades del colectivo profesional entre las que se encuentran la elaboración de un nuevo decreto regulador de la asistencia jurídica gratuita y la resolución del conflicto laboral.
La consejera ha trasladado al decano la intención de comenzar de forma inminente con la redacción de un nuevo decreto de asistencia jurídica gratuita que “atienda realmente las verdaderas necesidades económicas y administrativas de los abogados y procuradores que prestan servicio en el turno de oficio pues, en su opinión, el anterior nació “obsoleto y caduco”. Para ello, ha confirmado la elaboración de un grupo de trabajo que recoja todas las necesidades y que el nuevo documento pueda estar listo “cuanto antes”.
Asimismo, Isabel Urrutia ha puesto de manifiesto el “compromiso de diálogo permanente con el Colegio” para resolver el conflicto existente en justicia que, en su opinión, pasa por “trabajar de la mano” en un pacto de estado.
Por su parte, Andrés de Diego, en esta primera visita, se ha expresado en la misma línea que la consejera al reiterar la necesidad de «mejorar» el reglamento de asistencia jurídica gratuita a través de un grupo de trabajo formado por abogados y procuradores para abordar la reforma en relación a los baremos de cobro y en la parte normativa.
Finalmente, ha subrayado la necesidad “urgente” de resolver la paralización administrativa mediante una mesa y un pacto con medidas que favorezcan el atajar este problema de ahí que, tal y como ha insistido, el diálogo debe ser “permanente”.
Reivindicaciones
La celebrada hoy es la primera visita oficial tras la toma de posesión del nuevo Gobierno que preside Maria José Sáez de Buruaga.
En ella, además de la elaboración de un nuevo decreto de asistencia jurídica gratuita, Andrés de Diego ha transmitido la necesidad de una convocatoria de una mesa en la que participen todos los “operadores jurídicos” y Administración en la que se estudien y propongan fórmulas que propicien en Cantabria la mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia y de la reducción de los tiempos de respuesta. Como viene solicitando la Abogacía a través del Consejo General de la Abogacía Española, resulta indispensable un Pacto por la Justicia que evidentemente tiene ámbito estatal pero que, «en la medida de nuestras posibilidades, se podría poner en marcha en Cantabria».
También se ha transmitido la necesidad de dotar de mayores medios materiales y humanos a los órganos judiciales que lo requieran, extender a la Comunidad el proyecto de mediación intrajudicial como medio alternativo de solución de conflictos y estudiar y poner en marcha un plan de ayudas para los profesionales de la Abogacía y la Procura para paliar las consecuencias de la paralización de la actividad profesional.
De Diego ha trasladado a la Consejera el reconocimiento de los profesionales al sistema de gestión procesal AVANTIUS/ VEREDA que supone “una excelente herramienta para la notificación de las resoluciones judiciales y acceso a las actuaciones” y ha propuesto la mejora de algunos aspectos para facilitar el trabajo de los profesionales y agilizar los procesos.
De Diego ha solicitado además la apertura de un canal permanente de comunicación entre la Dirección General de Justicia y el ICA para abordar cuestiones de interés común.