Si algo quedó claro durante el encuentro Diálogos Institucionales, organizado de forma conjunta entre nuestro Colegio y el Ministerio de Justicia, es la coincidencia de todos los operadores jurídicos en la necesidad de modernizar y simplificar la Administración de Justicia en nuestro país.
En el evento, celebrado el jueves 1 de julio en el CASYC de la Fundación Caja Cantabria, el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, puso en valor los avances ya realizados en este sentido, impulsados por la llegada de la COVID, y los que se están preparando para conseguir una completa reforma y modernización de la gestión procesal. Según Campo, “se están haciendo cosas que hasta hace muy poco eran impensables, como la oficina del dato, el teletrabajo o la interoperabilidad”.
La actividad estuvo moderada por nuestro decano, Andrés de Diego, y también estuvieron en la mesa de diálogo el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cantabria, José Luis López del Moral, la fiscal superior del TSJ de Cantabria, Pilar Jiménez, y la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior de esta comunidad autónoma, Paula Fernández.
Hora y media de encuentro en el que, tras una breve exposición por parte de los integrantes de la mesa, se abrió el debate al resto de representantes de la comunidad jurídica regional sobre las reformas propuestas y, entre ellas, las de los anteproyectos de Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia y de Eficiencia Organizativa, ya aprobados en Consejo de Ministros.
La consejera Fernández, puso en valor la «cogobernanza» y «coordinación» impulsada desde el Ministerio con los distintos actores judiciales y administraciones y señaló que es «especialmente importante» la puesta en marcha de las Oficinas de Justicia en los municipios, que sustituirán a los actuales juzgados de paz, con el fin contribuir a la lucha contra la despoblación y avanzar en la cohesión territorial”.
Por su parte, el presidente del TSJ de Cantabria celebró especialmente que los planes ministeriales recojan la creación de los Tribunales de Instancia y criterios como la “Justicia sostenible”, mientras que la fiscal superior Pilar Jiménez Bados, hizo hincapié en el anteproyecto de eficiencia procesal del plan Justicia 2030, que introduce “muchas facilidades para el ciudadano, que es el verdadero destinatario de nuestros esfuerzos”.
Tanto Jiménez Bados como nuestro decano, destacaron la gestión coordinada de todos los colectivos judiciales de la región durante la pandemia y valoraron las ventajas que esta perspectiva ha aportado para superar el parón de la Justicia y el consiguiente aumento de los retrasos.
Apuesta firme por la Mediación
En relación a eficiencia procesal, el ministro se refirió a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), en concreto, pronunciándose a favor de consolidar la «cultura de la mediación», para fomentar la cohesión social y potenciar la resolución de los conflictos sin necesidad de que haya una sentencia judicial de por medio.
Una visión en línea con los esfuerzos que se vienen realizando desde el Centro de Mediación de nuestra institución, junto al resto de operadores regionales, para reforzar la Mediación como alternativa a la vía judicial.
Por último, nuestro decano quiso destacar el hito relevante que supone para la abogacía la entrada en vigor del nuevo Estatuto de la Abogacía, “impulsado también por el Ministerio”, agradeciendo “la pasión que el ministro y su equipo ponen en el proyecto para Justicia”.
