El decano del Colegio de la Abogacía de Cantabria ha defendido en la entrevista de la semana de RNE Cantabria la necesidad de reforzar el papel de la abogacía en la sociedad, mejorar las condiciones del turno de oficio y afrontar con más medios los problemas estructurales de la administración de justicia.
Pérez Sánchez, que lleva más de un año al frente del Colegio, realizó un balance “muy positivo” de esta nueva etapa, marcada —según explicó— por una transformación institucional basada en la apertura del Colegio a la sociedad, la cercanía con los profesionales y el fortalecimiento de las relaciones con instituciones públicas y privadas. El decano destacó especialmente la colaboración con la Universidad de Cantabria, CEOE, cámaras de comercio, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y distintas áreas del Gobierno regional.
El responsable de la institución recordó que su llegada al decanato se produjo tras un proceso electoral “histórico” y aseguró que los “aires de cambio” prometidos durante la campaña ya se están materializando a través de una mayor actividad pública y una atención más cercana a los colegiados. También quiso poner en valor el trabajo diario de toda la Junta de Gobierno y del personal del Colegio, subrayando el papel que desempeñan las empleadas de la institución en el servicio a los profesionales.
Entre sus principales objetivos de mandato situó la consolidación del Colegio como una institución “visible y relevante” dentro de la sociedad cántabra. En ese contexto, recordó su reciente participación en la comisión parlamentaria sobre la futura Ley de Vivienda y explicó que actualmente forma parte del Consejo de Consumo de Cantabria en representación de Unión Profesional, organización de la que también es vicepresidente.
Durante la entrevista, el decano defendió que Cantabria sigue siendo “una muy buena comunidad” para ejercer la abogacía, tanto por calidad de vida como por oportunidades profesionales. Explicó que el Colegio cuenta con unos 1.200 abogados ejercientes y cerca de 900 no ejercientes, aunque reconoció que el número de nuevas incorporaciones es hoy inferior al de hace años.
Carlos Pérez Sánchez señaló que la profesión está evolucionando desde el tradicional despacho unipersonal hacia modelos de despachos pequeños y medianos, donde varios profesionales se agrupan para abordar distintas materias y ofrecer una atención más especializada y cercana al cliente.
Sobre la situación laboral del sector, indicó que no existe “paro como tal” dentro de la profesión, aunque sí hay abogados que optan por complementar su actividad con otras ocupaciones o dirigirse hacia la función pública, gestorías o asesorías.
Uno de los asuntos centrales de la conversación fue la situación del turno de oficio y la justicia gratuita. El decano calificó esta cuestión como uno de los principales “caballos de batalla” de la abogacía española y denunció que las compensaciones económicas actuales son “muy escasas”. Recordó además que muchos servicios prestados por los abogados de oficio —desplazamientos, llamadas, horas de trabajo y otras actuaciones— no están cubiertos económicamente y son asumidos directamente por los profesionales.
Pérez Sánchez insistió en la necesidad de reformar tanto la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita como los baremos autonómicos para adecuar las indemnizaciones al coste real del servicio y al incremento del coste de vida. En Cantabria, alrededor de 550 abogados prestan servicio en el turno de oficio, gestionando unos 7.000 expedientes anuales y miles de asistencias a detenidos, víctimas de violencia de género, menores y extranjeros. Además, explicó que cada día hay 16 abogados de guardia repartidos entre los ocho partidos judiciales de la comunidad.
Otra de las preocupaciones destacadas por el decano fue la situación de los abogados mutualistas y la conocida como “pasarela RETA”. Pérez Sánchez advirtió de que muchos profesionales podrían afrontar jubilaciones con pensiones de apenas 400 o 500 euros y reclamó una solución política urgente que garantice una pensión digna para quienes durante años estuvieron obligados a cotizar a través de mutualidades privadas.
En materia judicial, el máximo representante de la abogacía cántabra reclamó mejores infraestructuras y más inversión en justicia. Defendió la creación de una auténtica “Ciudad de la Justicia” en Cantabria y lamentó que la administración judicial continúe siendo “la hermana olvidada” de la administración pública.
Respecto a la nueva Ley de Modernización de la Justicia impulsada por el Gobierno central, el decano se mostró especialmente crítico con su implantación. Aseguró que los cambios se han realizado “demasiado rápido”, sin suficiente planificación ni medios económicos, provocando situaciones de “auténtico caos” en algunos órganos judiciales, especialmente en Santander. Según explicó, la reforma no consiste únicamente en “cambiar carteles” o sustituir la denominación de juzgados por tribunales, sino que ha implicado una reorganización total de la estructura judicial.
También cuestionó la efectividad real de las nuevas medidas de mediación obligatoria previas a acudir a los tribunales. Recordó que los abogados ya intentaban tradicionalmente resolver los conflictos por vías extrajudiciales y consideró que imponer nuevos trámites puede retrasar la solución de asuntos especialmente sensibles, como impagos, pensiones alimenticias o herencias. Aun así, explicó que el Colegio también impulsa fórmulas de mediación y conciliación a través de un centro específico gestionado por profesionales de la abogacía.
Pérez Sánchez subrayó además el papel fundamental de la abogacía para evitar el colapso judicial, al actuar como “primera línea” de atención a ciudadanos y empresas antes de llegar a los tribunales.
En relación con la litigiosidad en Cantabria, el decano reconoció que históricamente ha existido un elevado número de asuntos judicializados, aunque señaló que eso también puede interpretarse como una muestra de confianza de la ciudadanía en la administración de justicia.
Entre las principales debilidades del sistema judicial en Cantabria, señaló la falta de jueces y magistrados. Alertó de que algunas plazas permanecen vacantes durante meses, provocando retrasos importantes, especialmente en la jurisdicción social, donde ya existen señalamientos para 2027. “Una justicia lenta no es justicia”, afirmó durante la entrevista.
En este sentido, comparó la situación con las listas de espera sanitarias y explicó que cuando una plaza judicial queda vacante durante meses, todos los procedimientos se paralizan. También aportó un dato económico para defender nuevos modelos de refuerzo judicial: según explicó, crear un juzgado completo puede costar alrededor de 600.000 euros, mientras que reforzar plantillas con más magistrados permitiría optimizar mejor los recursos disponibles.
Finalmente, el decano mostró su preocupación por el deterioro de la imagen de la justicia debido a la creciente polarización política y mediática, aunque defendió con firmeza la independencia judicial. Pérez Sánchez aseguró confiar plenamente en la profesionalidad de jueces y magistrados y advirtió de que cuestionar de forma generalizada a la justicia a raíz de casos mediáticos concretos genera desconfianza entre los ciudadanos.
La entrevista concluyó con un mensaje de confianza hacia el trabajo que realizan diariamente jueces, fiscales, funcionarios y abogados en Cantabria, así como con el compromiso del Colegio de seguir trabajando para reforzar el servicio público de la justicia y la defensa de los ciudadanos.