- El texto “no recoge las reivindicaciones de los profesionales para la dignificación del Turno de Oficio”
- Estos profesionales, que asisten a 3.000 personas al año en 7.000 procedimientos judiciales, tienen una retribución media 153,14€
- El último Observatorio de Justicia Gratuita sitúa a Cantabria en el puesto 17de las 19 Comunidades y ciudades Autónomas en inversión por ciudadano
El Decano del Colegio de la Abogacía de Cantabria, Andrés de Diego Martínez, acompañado de los letrados Elena Pérez Mantecón y Carlos Pérez Sánchez, ha presentado esta mañana en rueda de prensa las alegaciones al borrador de regulación de Justicia Gratuita, que “ha generado un enorme malestar” entre los profesionales de Cantabria.
Los profesionales de la Abogacía de la Comunidad, se muestran “preocupados” ante un reglamento que, a su juicio, puede llegar a tener un impacto negativo en el servicio que reciben los ciudadanos y que “dificulta y no reconoce” la labor que desarrollan los abogados y abogadas en favor de quienes carecen de medios para el acceso a la tutela judicial efectiva en cumplimiento del artículo 119 de la CE.
En Cantabria prestan este servicio, “de forma voluntaria y vocacional” 550 abogados y abogadas, una cifra que supone que “una cuarta parte de los profesionales cántabros de la abogacía están directamente implicados en garantizar la mejor asistencia a quienes no pueden costeársela”.
Estos 550 profesionales asisten anualmente a 3.000 personas y defienden a los ciudadanos en más de 7.000 procedimientos judiciales anuales.
Cantabria tiene razones para estar orgullosa de los profesionales de la Abogacía que prestan servicio de Justicia Gratuita. Son profesionales que toman la decisión de ofrecer esta asistencia de forma voluntaria y vocacional, que se forman constantemente en cada uno de los turnos y en aspectos como Discapacidad o Extranjería para prestar un mejor servicio y que se han convertido por ello en referente a nivel nacional.
Los abogados y abogadas de Turno de Oficio forman un colectivo profesional, vocacional y generoso “que no se merece este maltrato, ni a su dignidad ni a su economía”, por parte del Gobierno de Cantabria.
Los profesionales de la Abogacía, en Asamblea celebrada recientemente, coinciden en que esta nueva regulación “no reconoce el importante servicio público que presta la abogacía a la sociedad, no recoge todos los servicios que prestamos los profesionales en este marco, impone nuevas cargas administrativas, dificulta la labor de defensa a los ciudadanos y recoge compensaciones económicas insuficientes a los profesionales”, ha señalado de Diego.
Para el Decano del Colegio de la Abogacía de Cantabria, “se puede decir que el borrador de Reglamento traduce desconfianza hacia los profesionales y no mejora una de las retribuciones más bajas de España por la prestación de este servicio”.
En el último Observatorio de Justicia Gratuita, Cantabria se sitúa en el puesto 17 de las 19 Comunidades y Ciudades Autónomas en inversión por ciudadano.
Además, el nuevo texto legal sitúa a los profesionales, Abogacía y Procura, “en una posición meramente testimonial y decorativa” en la Comisión de Justicia Gratuita . De esta forma, el Colegio que organiza el servicio y tramita los Expedientes de Justicia Gratuita y los profesionales que prestan el servicio, “carecemos de la posibilidad de decidir sobre la mejor forma de hacerlo”.
En la tramitación de los Expedientes, “se imponen al Colegio y a los profesionales plazos de imposible cumplimiento”. Esto evidencia que quienes han redactado el texto del borrador “desconocen las situaciones reales a las que nos enfrentamos los profesionales y los avatares de la tramitación de los Expedientes de Justicia gratuita”.
La nueva regulación no tiene en cuenta, “por desconocimiento, las situaciones en las que se presta la asistencia en muchas ocasiones en los pasillos del Juzgado o en los calabozos de los centros de detención”. En estas situaciones, como ejemplo, “no resulta posible conseguir la documentación que se pretende exigir y además el profesional se dedica de forma prioritaria a la defensa y no puede atender exigencias administrativas que ahora se pretenden imponer”.
Desde el Colegio de la Abogacía se reclama también, que “los profesionales vean reconocido el derecho a disponer de dependencias dignas y suficientes en las que se pueda garantizar la privacidad. Actualmente se presta este servicio en los pasillos de los juzgados, sin una mesa siquiera en la que estudiar las diligencias, lo cual es indigno”.
También consideran estos profesionales que el texto “se olvida de actuaciones que forman parte de nuestro trabajo, algunas tan importantes como la mediación” , el novedoso mecanismo de la segunda oportunidad o las actuaciones prejudiciales necesarias para el acceso a los Tribunales y cuya falta de cobertura pueda provocar la pérdida de la acción del ciudadano. Un servicio que el Gobierno de propugna y propone pero que, sin embargo, no recoge este borrador”
El Colegio ha presentado alegaciones también en lo que se refiere al plazo para acreditar las actuaciones desarrolladas por los profesionales. “No es posible que se concedan solo tres meses para la justificación de la actuación profesional cuando con anterioridad no existía cuando la propia Intervención del Gobierno de Cantabria ha establecido que el plazo aplicable a este supuesto es de cuatro años”.
El nuevo reglamento pretende acortar los plazos “en los que debemos acreditar las actuaciones que hemos realizado, pero en cambio pretende dejar sin plazo el pago a los profesionales, sujeto a unas exigencias hasta ahora inexistentes y que pueden demorar el pago a los profesionales”.
En 2020, la retribución media que percibieron los profesionales cántabros por asunto tramitado fue de 153, 14 euros. Por eso, “reivindicamos en estas alegaciones unas retribuciones justas y dignas para el excelente trabajo que desarrollan los profesionales de la Abogacía que prestan este servicio”.
La Abogacía reclama un incremento mayor del propuesto en los y, en su caso, que en los dos primeros años se actualicen un 10% y a partir del tercer año conforme al IPC anual. El objetivo es de forma progresiva ir acercando las retribuciones a cantidades un poco más ajustadas, tal y como por ejemplo ha llevado a cabo recientemente la Comunidad Autónoma de Galicia.
Los abogados y abogadas de Turno de Oficio de Cantabria han visto sus retribuciones congeladas y sin que se les aplicara ni el incremento del IPC desde 2018, año en el que éstas subieron un 0,6%. Para 2022, el Presupuesto de Cantabria recoge una subida de 175.000€, un 9% más respecto a 2021. Sin embargo, este dato no refleja un incremento real ya que en este 2021 el presupuesto destinado a Turno de Oficio se redujo en un 7% frente al año anterior.
Para el colectivo que representa a los profesionales de la Abogacía en la comunidad, “es importante dejar claro que los porcentajes de incremento de las compensaciones por las actuaciones realizadas por los profesionales de la Abogacía no alcanzan en modo alguno el 17% manifestado por la Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior en su comparecencia, el pasado 12 de Noviembre, en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Cantabria para informar del presupuesto de su consejería, o incluso hasta el 20% en otras informaciones publicadas”.