El Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria presentó este viernes 19 de febrero en sesión telemática, la nueva plataforma digital creada por la Abogacía española, Pagoscertificados.com, para gestionar contratos online y efectuar los pagos asociados a dichos contratos en menos de 72 horas, sea desde el ordenador, la tableta o el móvil, con plena garantía jurídica.
Este revolucionario sistema de contratación digital y pagos online ha sido desarrollado por la Abogacía española, en colaboración con CaixaBank y CTI Soluciones, para hacer más fácil y cómodo el trabajo de los letrados, a la vez que permite un ahorro de tiempo, trámites y dinero en las transacciones, ofreciendo un mejor servicio a sus clientes.
Durante la sesión online, nuestros colegiados tuvieron la oportunidad de conocer el funcionamiento y las ventajas de Pagoscertificados.com tras su lanzamiento a nivel nacional, el pasado 3 de febrero.
En su firme apuesta por la transformación digital de los despachos, nuestra institución ha sido la primera en acoger las sesiones formativas de la campaña informativa puesta en marcha por la Abogacía española.
“Este novedoso servicio, tiene como principal objetivo aprovechar los beneficios que ofrece la digitalización para dar respuesta a una de las principales demandas del sector: poder resolver un acuerdo de manera rápida, sencilla, eficaz y segura, sin tener que acudir al juzgado” afirma Andrés de Diego, decano del colectivo en Cantabria.
La plataforma, a través de un procedimiento automatizado de cada transacción que concluye, en caso de ratificación, con su firma digital y la certificación acreditativa del mismo, facilita la realización y cobro de las cantidades establecidas en el acuerdo, condicionando los acuerdos firmados digitalmente al efectivo pago de las cantidades establecidas en el contrato.
Además, el sistema garantiza la necesaria seguridad jurídica en cuanto a protección de datos, derecho al honor o la normativa vigente de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, al igual que observa los principios y valores deontológicos que les son propios a cada uno de los operadores jurídicos a los que va destinado el sistema.
